En la Argentina de hoy, la base tributaria se encoge y el Gobierno crea más impuestos, el empleo está colapsado, la pobreza es del 50%, no se exporta ni se importa. No hay narrativa ni proyecto. Las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad nunca están definidas a priori, son siempre recíprocas y fluidas. Es una cuestión empírica. El poder relativo de uno puede aumentar a expensas del otro y viceversa, tanto como pueden crecer juntos o disminuir simultáneamente. O sea, pueden licuarse al mismo tiempo.
Esta es la Argentina de hoy. La narrativa estilizada del pasado daba cuenta de un Estado con instituciones fragmentadas, presa fácil de una sociedad civil heterogénea y con sobrados recursos materiales y simbólicos para la acción colectiva. Es decir, el Estado era con frecuencia el blanco de diversos intereses corporativos con poder de veto.
Ya no más. Me cuentan que en Uruguay existe una «asociación de residentes argentinos». No recuerdo el número de miembros de la misma pero sí recuerdo otro dato, no casualmente: el liderazgo de cerca de la mitad del PIB argentino está representado en dicha asociación. Es decir, media economía argentina reside en otro país. El caso de Marcos Galperin es uno entre muchos otros.
No es accidental. Esto ocurre debido a que Fernández-Kirchner parecen determinados en llevar adelante un ambicioso proyecto de destrucción de riqueza, no cabe otro nombre. Desde antes de la pandemia, el Gobierno hablaba de alterar derechos de propiedad, incluso amenazando con expropiaciones más o menos generalizadas y siempre arbitrarias. Con lo cual ha colapsado la inversión: el total del valor del país en el mercado bursátil se redujo de $350 mil millones en 2018 a $20 mil millones en 2020.
La base tributaria se encoge y el gobierno responde con más impuestos. Sus políticas difuminan los recursos productivos. El capital humano, entre ellos, empresarios y ejecutivos tanto como los profesionales de clase media que sostienen -o sostenían- la economía del conocimiento. Emigran, como ocurre con Mercado Libre, el unicornio argentino por excelencia, la empresa de mayor valuación del país que se disputan Uruguay, Brasil y Colombia, todos ellos ofreciéndole ventajosas condiciones para radicarse allí.
El empleo está colapsado, la pobreza orilla el 50%. Solo Venezuela, cuya economía se ha contraído casi 70% del producto desde 2016, tiene más pobreza que Argentina en la región. Los exportadores no pueden exportar; los sustituidores de importaciones no importan, pues no hay producción; y la recordada «columna vertebral» del peronismo se ha reducido a Moyano y algún otro sindicalista asociado a la corrupción estructural del kirchnerismo.
La destrucción de la riqueza significa, lisa y llanamente, la aniquilación de la sociedad civil, de sus recursos y su capacidad de representar intereses de manera autónoma. Se acabó aquel poder de veto; el añejo corporativismo de la tradición peronista ha sido destruido por una fuerza política que se dice peronista. Una sociedad civil de baja densidad es una buena receta para el desmantelamiento de la democracia.
Al mismo tiempo, el Estado tampoco exhibe poder alguno. De ahí lo de licuación. Para empezar, es un Estado incapaz y renuente a hacer lo propio e inmediato. No administra justicia, en tanto persigue abiertamente la impunidad de los corruptos; no recauda; y no posee el monopolio de los medios de la fuerza. La inseguridad que genera la protesta ciudadana constante es la parte visible del iceberg, tan visible como los reclusos liberados.
El gobierno específicamente, que actúa en nombre de ese Estado, es un compendio de disfuncionalidades. La quimera de un presidente de voz suave y carácter apacible que sería capaz de moderar a la impetuosa vicepresidente ha sido precisamente eso, una quimera. El albertismo como entidad política no existe, ha sido una efímera fantasía.
La vicepresidenta tampoco tiene poder. Tiene capacidad disruptiva, que no es lo mismo, pues es incapaz de construir política. Su principal objetivo es lograr un arreglo judicial que la proteja, para lo cual ya tiene al ministro de justicia de su preferencia, y debilitar al Presidente todo lo que sea posible.